Importantes afirmaciones y cuestionamientos hizo el alcalde Gustavo Petro en su cuenta de Twitter sobre el Procurador, su destitución, el nuevo modelo de aseo, los empresarios de las basuras, entre otros. Leer:
En 2013, recogimos residuos como en 2012, pero le costó a los usuarios 50.000 millones menos, reciclamos 100.000 T (toneladas) y pagamos a recicladores
Al disminuir en 50.000 millones el pago de usuarios de aseo en el 2013, en esa misma cantidad disminuyeron utilidades del oligopolio privado
Datos de aseo del 2013 demuestran que Contraloría Nal tenía razón: en 10 años el oligopolio privado cobró en exceso más de 500.000 millones
Toda la eficiencia ganada por el modelo mixto con aprovechamiento de aseo (Basura Cero, nuevo modelo de aseo), pasó a los usuarios en el 2013 como lo ordena la ley 142.
Procurador al calificar de ilegal el decreto 564, en abuso de su poder, quiere mantener el oligopolio privado sin aprovechamiento de residuos
El oligopolio privado sin aprovechar residuos no sólo es ineficaz y costoso, sino que crea bombas de metano en las regiones: los rellenos
Procurador quiere, fuera de su competencia, declarar ilegal el control a los rellenos sanitarios, olvidando que son bombas de gas metano.
Bogotá tiene que pagar 217.000 millones de pesos en indemnizaciones por no controlar el relleno sanitario doña juana en 1997
Colombia cada vez tendrá más problemas con su modelo de aseo, anacrónico privatizado y ligado a rellenos sanitarios.
El tratado de Kyoto, que es ley de la República, incentiva el cambio de modelo de aseo, de los rellenos, al aprovechamiento de residuos
En su cuenta de Twitter el alcalde Gustavo Petro hizo durante el día 2 de enero de 2014, las siguientes afirmaciones:
El programa "Basuras Cero" busca eliminar los rellenos y pasar al 100% de aprovechamiento de residuos. Fue aprobado por el voto ciudadano
El tratado de Kyoto, el programa Basura Cero, y el auto 275 de la corte Constitucional son el alma del decreto 564, que Procurador quiere declarar ilegal
Destituir arguyendo ilegalidad del decreto 564, es un verdadero absurdo arbitrario. Quien controla legalidad es el juez contencioso
El oligopolio privado del aseo estaba conformado por William Vélez, contratista cercano a Álvaro Uribe, es investigado por paramilitarismo. William Vélez fue socio de los Nule, en la 26.
Otro miembro del oligopolio privado del aseo es Alberto Ríos, ligado a Cambio Radical y el uribismo, es el zar de las basuras. Alberto Ríos controla el negocio de las basuras en Magangué, alcaldías de "La Gata", Córdoba, Sucre, también fue socio de los Nule.
La destitución del Procurador Ordoñez termina beneficiando económicamente a William Vélez y Alberto Ríos.
Los quejosos con los que Procuraduría inicia la investigación son: el Defensor del Pueblo. Armando Otalora, amigo de William Vélez. El personero distrital, elegido con los votos de los concejales del cartel de la contratación. Y el concejal Orlando Parada, miembro del cartel de la contratación.
Por qué el Procurador ilegaliza irregularmente el modelo de aseo sustentado en el protocolo de Kyoto, en el voto popular y en el auto 275?
Por qué el Procurador privilegia el oligopolio privado costoso a los usuarios, anacrónico y excluyente de recicladores?
Por qué el Procurador ha privilegiado a los contratistas del uribismo, en contra del modelo moderno, e incluyente de la Bogotá Humana?
El Procurador ha obrado así, contra la Bogotá Humana y su alcalde, por su extremismo ideologico-religioso.
Todos los miembros de la sala disciplinaria que me investigó, son de extrema derecha, y el mismo Procurador es de extrema derecha
Cómo en los tiempos del Estado de Sitio volví a ser juzgado por un tribunal no imparcial. Enemigo ideológicamente. Un tribunal fascista
La sala disciplinaria manipuló pruebas a favor y las puso en contra, para legitimar una decisión oscura, como hacía antes el totalitarismo
Cuando hablo de un tribunal construido planificadamente para que fuera de extrema derecha, no me refiero a la derecha democrática.
La extrema derecha no acepta los principios democráticos, los rechaza, empezando por el derecho fundamental a un tribunal imparcial
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